Socialdemocracia.org 20/12/2007
Mientras el principal partido de la oposición intenta desesperadamente provocar múltiples y diversas situaciones que deriven hacia el desgaste del Gobierno, movilizando para ello a sus seguidores allí donde se encuentran, con el inestimable apoyo del sector más ingrato de la Iglesia, el Gobierno pasa de una política activa y sin complejos, mantenida durante la primera parte de la legislatura, a parapetarse en posición de stand by capeando el temporal hasta la llegada de las elecciones.
Y si antes han sido el bombardeo al proceso de paz, los bloqueos sobre el Tribunal Constitucional, las peticiones de objeción para Educación para la Ciudadanía , o los socavones del AVE de Barcelona, ahora los problemas vienen en forma de ataque contra las clínicas y los profesionales de la medicina que se atreven a aplicar la ley del aborto.
Y aunque en todo esto el Gobierno tiene mucho que decir, calla y otorga porque si bien tiene mucho que ganar, al contrario que el PP, también se lo juega todo.
Así se pasó la legislatura sin que el PSOE se atreviera a desplazar ni un ápice a la belicosa Iglesia católica, que a pesar de predicar contra la política del ejecutivo socialista desde sus púlpitos y emisoras de radio, sigue imponiendo la impartición de su religión en el horario lectivo de la educación reglada, y hasta ha aumentado su participación en los tributos del Estado.
Y aprovechando que se han pasado casi cuatro años sin que el PSOE cumpliera con el compromiso electoral de modificar la ley de despenalización del aborto --con otros 22 ya a sus espaldas, y cuando ha quedado obsoleta con respecto a las leyes europeas que protegen el derecho de la mujer a abortar entre las 12 y 24 primeras semanas de gestación libremente o acogiéndose a determinados supuestos, a partir de ese margen-- se desata un movimiento antiabortista, vinculado a la Iglesia, que se dedica a presentar querellas criminales sin pruebas concretas, en plena recta final preelectoral y con un revuelo mediático que inconcebiblemente no respeta el principio de inocencia, aun no siendo la primera vez que tales alarmas no tienen otra justificación que la presión inaguantable de ciertos grupos minoritarios por imponernos a la mayoría sus criterios, a fin de privarnos de los derechos conquistados tras muchos años de reivindicación, en este caso, concreta y nuevamente, a las mujeres.
Es donde parece que todo cabe, y la mentira no es pecado, ni la calumnia, ni la violencia física de la que, en ocasiones, han sido objetos los profesionales sanitarios de las clínicas y donde las mujeres que han ejercido su derecho al aborto, se exponen, por añadidura, a la inseguridad jurídica a que una ley incompleta las somete. No es otra cosa, como todos sabemos, que el juego preelectoral.
